Costa Rica en el marco del COVID-19
En nuestro país se registra el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo del 2020, desde ese momento las autoridades gubernamentales monitorean la propagación del virus en el territorio nacional, para el 12 de marzo se conocen de nuevos casos y se toman algunas medidas para contener el flujo de personas en la vía pública, se inicia con la implementación del teletrabajo técnica poco desarrollada en el país por las empresas nacionales y estatales.
Con no más de una semana de tener en nuestro territorio las consecuencias directas del COVID-19, se inician las consignas orquestadas del capitalista acomodado de nuestro país solicitando medidas preferenciales que garanticen sus altas tasas de ganancias. Es así como escuchamos los planteamientos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), quienes entre otras cosas plantean solicitudes como las siguientes:
- Pago de impuestos diferidos por importaciones, pagadero en el futuro según las condiciones sociales.
- Reducción de las jornadas laborales sin responsabilidad patronal según su necesidad y evolución de la crisis.
- Aumento del financiamiento bancario en condiciones blandas según su necesidad y perspectivas del negocio a bajas tasas de interés.
- Reducción de cuotas obrero patronal para mitigar los efectos de la crisis en el proceso de consolidación de la empresa.
Se deja al descubierto de esta forma la posición de la UCACEP y sus agremiados en cuanto al poco interés por el bienestar social del del país, su único interés de garantizar sostenibilidad de sus altas tasas de ganancias aunque ello implique el sufrimiento de una alto número de costarricenses, olvidan los señores de la UCCAEP que el sistema económico exige como norma implícita la integración de los diferentes factores sociales como el capitalista y trabajadores dentro de su engranaje, de lo contrario el mismo no tendría sostenibilidad en el tiempo.
Debido a lo anterior consideramos la obligación del gobierno de actuar como le corresponde según su razón de ser en la sociedad moderna, por ello exigimos se implementen en este periodo de crisis verdaderas medidas de política económica dirigidas al bienestar de la sociedad, ya que en estos debemos apelar al sentido común y entender que el derecho a la vida está por encima del interés económico.
En este mismo orden de ideas, queremos externar nuestro más contundente repudio al actuar de este gobierno aprovechando esta crisis para el nombramiento de la señora; María del Roció Aguilar Montoya exministra de Hacienda, quien renuncio a su cargo por la soberbia de atender un mandato de la Contraloría General de la República por su imprudencia en el cargo a la hora de administrar y utilizar recursos públicos. Resulta inadmisible; desde cualquier óptica razonable el volver a ubicar a esta señora en un cargo público con la facultad de direccionar recursos financieros de la sociedad costarricense hacia organismos que han lucrado durante años al constituir las famosas oficinas denominadas “ Operadoras de Fondos de Capitalización Laboral”.
Insistir la clase política con este nombramiento ubican a la clase trabajadora de este país en un grave peligro, ya que lejos de ver la luz al final del túnel para salir de la crisis, el mismo se vuelve más prolongado e incierto, ya que la señora Aguilar ha mostrado ser una excelente pieza del empresario capitalista liberal que poco interesa el bienestar de la clase trabajadora.
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